UN RECIENTE AUTO ANULÓ EN OURENSE LA SUSPENSIÓN DE LA CONCESIÓN DE ESTOS PERMISOS

La Alcaldía compostelana se expone a que la justicia levante el veto a las antenas de móviles

SANTIAGO. Redacción- El miércoles 11 de abril, los concejales de Urbanismo, Luis Toxo, y Medio Ambiente, Néstor Rego, presentaron los acuerdos adoptados para regular la instalación de infraestructuras de telefonía móvil. Raxoi estableció entonces una moratoria en la concesión de licencias para la colocación de antenas hasta que no se redacte una ordenanza, texto que, según informó ayer el propio portavoz socialista a este periódico, estará listo, en su fase inicial, antes del verano, y podrá tener su aprobación definitiva una vez pasado el periodo estival. Según explicó el propio Luis Toxo, este documento "será muy completo y delimitará todos los aspectos relacionados con las telecomunicaciones''. Sin embargo, el Ayuntamiento se expone a que la justicia meta mano en el asunto. De forma reciente, el magistrado Juan Carlos García López, titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Ourense, estimó el recurso presentado por Retevisión Móvil, propietaria de la operadora Amena, y ordenó, como medida cautelar, el levantamiento de la suspensión, que en la ciudad de As Burgas había sido aprobada en Pleno con el apoyo de los tres grupos municipales, PP, BNG y PSdeG. Se dan también en Santiago los mismos factores por lo que Raxoi podría ver como se toman medidas similares, aunque todavía no consta, según Luis Toxo, la existencia de ningún recurso en este sentido. En estos momentos, y ante el vacio legal que existe en numerosos aspectos relacionados a las nuevas tecnologías, son muchos los ayuntamientos que están elaborando, de forma subsidiaria, unas normas que, a juicio del propio Luis Toxo, les correspondería redactar a las autoridades estatales o autonómicas. Sólo Vigo, en Galicia, dispone de una ordenanza municipal reguladora de las condiciones urbanísticas de localización, instalación y funcionamiento de los equipos de telecomunicación. No obstante, la ejecutiva de la Federación Galega de Municipios e Provincias ha aprobado ya la propuesta de una ordenanza de estas características, con 23 artículos y dos disposiciones transitorias, en la que en primer lugar se exponen los motivos de su realización, después su objeto; condiciones de instalación —en la que se subraya la necesidad de justificar las distancias a las edificaciones preexistentes, que en ningún caso podrá ser inferior a seis metros, acompañado del preceptivo estudio que garantice la inocuidad para la salud de las personas; todo lo relativo a licencias; régimen sancionador y tasas por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en dominio público local.

No existen todavía estudios finales sobre la posible perniciosidad de las instalaciones

El concejal de Urbanismo y portavoz del PSdeG municipal, Luis Toxo, afirmó ayer que "no creemos que aquí en Santiago pueda pasar lo mismo que en Ourense, la ordenanza está prácticamente redactada, faltan algunos aspectos técnicos sobre potencias y distancias, pero en unos meses estará ya aprobada'', explicó el edil. Indicó que el documento que elabora Raxoi va mucho más allá de la telefonía móvil, ya que recoge todo tipo de antenas, centrales de conmutación, contenedores, estaciones emisoras y reemisoras, estudio de calificación ambiental, impacto en el paisaje arquitectónico urbano, radiocomunicación, microcelda de telefonía, telecomunicación, red y sistema de telecomunicación, estación para usuario de telefonía fija con acceso vía radio y nodo final de una red de telecomunicaciones por cable. Según Toxo, hay que ver también las contraindicaciones y el uso adecuado de toda esta tecnología. "Las compañías están colaborando con nosotros, nos han enviado documentación del bajo riesgo que supone'', aunque todavía no hay ningún estudio concluyente. El problema surge, según explicó el concejal de Medio Ambiente, Néstor Rego, y tal y como recoge el compromiso de Aalborg, firmado por Raxoi, cuando existen dudas sobre los posibles efectos nocivos de alguna actividad, "y no haya estudios que demuestren que no son perniciosos, el Ayuntamiento debe paralizar la actividad en cuestión. En este caso es un principio aplicable'', precisó. En la actualidad, el V programa marco de la Comunidad Europea (1998-2002), contempla el estudio sobre los efectos que tiene para la salud de las personas la exposición a campos electromagnéticos.

Las estaciones base de la telefonía móvil (las antenas) se señalizarán para marcar el área dentro de la cual se sobrepasan los límites marcados por el reciente decreto sobre protección sanitaria frente a las radiaciones electromagnéticas.

Ésta es una de las medidas que se contemplan para desarrollar el decreto, informaron ayer representantes de los ingenieros de telecomunicación, que en un amplio estudio indican los criterios para medir y certificar las antenas.

El decreto del pasado 28 de septiembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha sido el primer paso para remediar una situación de ausencia de regulación que empezó a reflejarse en medidas contrarias a la instalación de nuevas antenas o de traslado de las antiguas en comunidades de vecinos e incluso en ayuntamientos y comunidades autónomas.

La nueva norma se basa en el principio de precaución, puesto que no se han encontrado efectos constatables de estas emisiones sobre la salud, e incorpora como ley las recomendaciones sobre niveles de exposición a las radiaciones electromagnéticas de todo tipo hechas por la Unión Europea en 1999.

El decreto se refiere a lugares en los que pueda permanecer habitualmente el público en general y establece el marco para la autorización y homologación de equipos, así como para la revisión periódica de sus emisiones. Respecto a las instalaciones ya existentes, como las estaciones base de telefonía móvil, da un plazo de nueve meses para su regularización.

Ayer, representantes del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación presentaron un estudio hecho en su mayor parte por especialistas universitarios sobre los criterios para desarrollar lo expuesto en el decreto (que se hará próximamente por nuevas órdenes ministeriales) y aclararon parte de las cuestiones planteadas que han llevado a cierto nivel de alarma social (más información en la dirección de Internet: www.iies.es/teleco).

'Podemos asegurar que actualmente ningún lugar donde hay habitualmente gente presenta niveles que se acerquen siquiera a los permitidos.

El único área que puede plantear algún problema es la que rodea la antena', señaló Félix Pérez Martínez, coordinador del informe, 'y esto únicamente en el plano horizontal, que es como radian estas antenas'.

Las antenas ya existentes se revisarán y adecuarán, aseguró. La zona a acotar, por ejemplo en una azotea, sería como máximo de unos 15 metros alrededor (no por encima ni por debajo) de un mástil de al menos dos metros pero ello se hará siempre en función de mediciones técnicas homologables para cada conjunto específico de antenas.

'Lo que queremos', señaló Enrique Gutiérrez Bueno, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, 'es que los ciudadanos y las administraciones locales y autonómicas sepan que a partir de lo que establece el decreto y su desarrollo está garantizada su seguridad cuando se trate de instalar una antena de este tipo, que se han hecho antes todas las mediciones y certificaciones exigidas para cumplir con los niveles de emisión y que no tienen que preocuparse de nada, igual que no se preocupan por el agua que beben todos los días'.

Gutiérrez Bueno señaló la buena disposición de los operadores de telefonía móvil para cumplir todos los requisitos pero indicó que aparte de la autorregulación ya iniciada es bueno que exista un control público del todo el proceso: 'El conocimiento de la existencia de los procedimientos y el rigor en su aplicación son dos elementos básicos para combatir la desconfianza de los ciudadanos en estos sistemas'.

Esta desconfianza ha empezado a tener consecuencias negativas para el sector de las telecomunicaciones móviles, aseguran los ingenieros, lo que puede retrasar la incorporación de España a la sociedad de la informacióon como herramienta de desarrollo social y economico.

Entre las principales conclusiones y recomendaciones del estudio se pide que el reparto de competencias entre las administraciones central, autonómica y local en materia de regulación, planificación, instalación, mantenimiento y demás de los sistemas de radiocomunicaciones sea claro para evitar 'restricciones no sensatas del espectro radioeléctrico, que es un bien ya de por sí escaso', en palabras de Pérez Martínez .

Noticia recogida en: http://www.elpais.es

25 de octubre de 2001

115 municipios prohíben las antenas de telefonía móvil

Un total de 115 ayuntamientos valencianos han adoptado medidas cautelares para impedir la instalación de antenas de telefonía móvil en sus respectivos términos municipales a lo largo de 2001, según datos recabados por Efe a partir de anuncios publicados en el Diario Oficial de la Generalitat.

La ausencia de una regulación autonómica al respecto y las dudas del vecindario sobre los efectos de las emisiones radioeléctricas han llevado a los responsables municipales a detener la instalación de nuevas antenas.

Los plazos de suspensión de concesión de licencias varían entre tres meses y dos años. Aunque el Ayuntamiento de Albal, por ejemplo, acordó no conceder licencias 'hasta que se tenga la seguridad de que no entrañan riesgos para la población'. La inmensa mayoría de las corporaciones locales extiende las restricciones a todo el término municipal, más allá de zonas estrictamente residenciales.

Noticia recogida en :http://www.elpais.es

Domingo, 26 de agosto de 2001

28 decembro 2001- www.elpais.es

Diagnostican cáncer a otro niño del mismo colegio de Valladolid.